Las ocupaciones ilegales de viviendas, tipificada en el Código Penal como “usurpación”, están relacionadas tanto con la crisis económica como con las mafias organizadas, afectando ya a más de un millar de viviendas en toda la Comunidad.

La apertura de diligencias por usurpación de viviendas en la Comunidad de Madrid siguió a un ritmo creciente hasta 2015 (año en que se incoaron 4.459 expedientes, tras los 4.135 de 2015, los 3.320 de 2013 y los 2.322 de 2012), pero, a partir de ese año, se invirtió la tendencia y el número empezó a descender: En 2016 habían caído ya hasta 1.425 y en 2017 (último ejercicio disponible) eran 905.

En el conjunto de España, la evolución era similar: el número de diligencias por ocupación ilegal de viviendas se redujo de manera constante desde 27.263 en 2015 hasta 10.373 en 2017. Y, en lo que respecta a la fase posterior de concreción del delito, por casos de usurpación había en 2015 un total de 3.461 escritos de calificación, cifra que descendía a 1.057 en 2016 y a 278 en 2017.

La ola de procedimientos contra okupas, que creció sin parar hasta 2015, hizo subir las sentencias condenatorias en los siguientes años, pese a que entonces este fenómeno delictivo ya había remitido, de modo que en la Comunidad de Madrid se dictaron en 2017 un total de 2.254 condenas, frente a las 1.783 de 2016 y las 720 del año anterior.

El Código Penal castiga la usurpación de viviendas con multas de tres a seis meses y, si además se ejerce violencia o intimidación, con uno o dos años de prisión.

A menos que demuestren que los okupas llevan en el inmueble menos de 48 horas, lo que facultaría a la Policía para un desalojo inmediato sin orden judicial, los propietarios pueden presentar una denuncia por delito de usurpación o bien una demanda civil, que, tras la entrada en vigor de la ley del desahucio exprés, puede permitir la recuperación de la vivienda en un plazo de 30 días a cinco meses.

Hay consenso entre las Administraciones a la hora de tratar esta cuestión como un problema destacado en Madrid y, de hecho, es uno de los asuntos prioritarios que aborda la Junta Local de Seguridad de la capital -en la que participan Ayuntamiento y Delegación del Gobierno- desde 2016, cuando se creó la figura del coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional.

A falta de datos recientes más generales, esta oficina anunció hace un año que, desde su puesta en marcha, había recibido 648 comunicaciones de pisos ocupados ilegalmente en los distritos de Centro y Puente de Vallecas, de los que la Policía Nacional había desalojado 375.

Administraciones públicas, jueces, propietarios -particulares, bancos fondos de inversión, asociaciones de vecinos y plataformas contra las hipotecas son al tiempo afectados y actores para solucionar un problema que, según un informe del Institut Cerdà, en 2017 alcanzaba a unas 87.500 viviendas de toda España, de las que entre un 10 y un 35 % sufrían ocupaciones consideradas conflictivas.

FUENTES:

  • Estadísticas anuales de condenas por usurpación de viviendas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
  • Informe de la Fiscalía General del Estado 2018.
  • Informes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
  • Censo de Población y Viviendas 2011.
  • Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
  • Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. Ayuntamiento de Madrid.
  • Informe sobre la ocupación ilegal del Institut Cerdà. 2017.

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