Ante el nuevo escenario legal, los propietarios de viviendas, encuentran un panorama incierto, lleno de inseguridad y temores, motivo que lleva encarecer precios y retirar propiedades del mercado, perjudicando a los que buscan una vivienda de alquiler y provocando un estancamiento del mercado.
Las diferentes fuerzas políticas, tumban sucesivamente los planteamientos de unas u otras y el mercado se mantiene a la expectativa por pura cautela. Aunque probablemente, la mayor incertidumbre, la provoca el miedo a que el inquilino no pague y y la necesidad de proceder por vía judicial, no en vano, los desahucios por impago de rentas son ya el doble de los de quienes no pagan su hipoteca.
Mas de 37.000 procedimientos desahucios por impago de alquiler en 2018, un 4,5% más respecto a 2017, frente a casi 19.000 procedimientos desahucios por impago de hipotecas en 2018, aproximadamente un 15% menos.
El hecho de que en la nueva ley, se indica que la actualización del alquiler tiene como límite el IPC anual, hace que los caseros traten de subir de forma agresiva las rentas, tratando de conseguir un incremento para protegerse de las perdidas de rentabilidad, ante alquileres de 5 años.
Además para definir correctamente la nueva situación, debemos tener en cuenta que los propietarios se ven forzados a ser más estrictos ya que la ley limita a dos meses la garantía extra a la fianza que se puede demandar a los inquilinos. Algo que se añade por ley para proteger a los inquilinos, parece a priori que les perjudica, ya que es necesario incrementar los requisitos para seleccionar a las personas a adecuadas a las que ofrecer las viviendas.
Ante esta situación, los servicios profesionales que ayudan, a los propietarios de las viviendas, a encontrar el inquilino perfecto y que al mismo tiempo garantizan el pago de las rentas, son cada vez más necesarios.
